Libertad de prensaErnesto Vera
Al fundarse la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) en 1976, uno de sus principios expresó que: "La libertad de prensa la conciben como el derecho de nuestros pueblos de ser oportuna y verazmente informados y a expresar opiniones sin otras restricciones que las impuestas por los mismos intereses de los pueblos".
 
 
Mucho antes, en 1951, se había proclamado por los periodistas, mediante el Acta de Montevideo, que: "El papel que la prensa había cumplido junto a Martí, Bolívar, Mariátegui, el cura Hidalgo o Flores Magón, fue modificado. El periodismo que había nacido por la libertad se había convertido en un negocio, la noticia en una mercancía y el periodista en un asalariado. La prensa estaba de espaldas a los pueblos".
De la quinta Conferencia Panamericana, celebrada en Chile en 1923, surge la idea de realizar una conferencia continental de la prensa que se realiza en Washington tres años después. Juan Gargurevich relata que "era la primera vez que se reunían tantos propietarios de periódicos de América Latina y no está de más recordar que los temas por las diferentes mesas no incluyeron los problemas de los periodistas mismos. A los norteamericanos les interesaban los dueños, no los empleados". Por cierto, el presidente de Estados Unidos en esa oportunidad era Calvin Coolidge, el mismo que ordenó la invasión a Nicaragua contra Sandino y envió a la silla eléctrica a Saco y Vanzetti.
En fecha todavía más lejana, 1889, José Martí dijo sobre el resultado de la Primera Conferencia Panamericana que "ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia". En aquellas crónicas publicadas en La Nación, de Buenos Aires, está presente, como pocas veces, el ejercicio del periodismo sagaz y digno, de compromiso con la ética profesional y la patria grande.
ANTECEDENTES MÁS RECIENTES
Hace 16 años en la VII Cumbre Iberoamericana, se aprobó por primera vez en esos foros un acuerdo, el número 38, con el siguiente texto: "Por constituir requisitos indispensables de la democracia reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información libre y veraz, sin censura ni restricciones".
Han pasado casi 30 años desde que se acordó en el seno de la UNESCO con el apoyo de todas las organizaciones internacionales y regionales de periodistas, los diez principios éticos internacionales del periodismo. El primero de ellos: "El derecho del pueblo a una información verídica".
En 1980, la UNESCO dio aprobación al informe McBride (Muchas voces, un solo mundo), documento histórico en la lucha por el Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación (NOIIC). Del extenso texto extraemos: "Parece necesario establecer nuevos procedimientos gracias a los cuales el público esté en condiciones de ejercer efectivamente el derecho a evaluar la acción de los medios de comunicación social. La importancia de la misión periodística en el mundo actual requiere la adopción de medidas encaminadas a realzar su posición en la sociedad. Incluso hoy, en muchos países los periodistas no son considerados como miembros de una profesión, ni reconocidos y tratados en consonancia con ello".
El Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado en 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas, cumple además 20 años en el 2013. Con este motivo, la UNESCO presentará la publicación titulada Pressing for Freedom, que da cuenta de la revolución tecnológica experimentada por las redacciones de todo el mundo en los dos últimos decenios, una libertad, que no se ha traducido en un mayor respeto de las libertades fundamentales.
Los dueños de los medios, sobre todo los monopólicos pro-oligárquicos, han devenido cada vez en verdaderos secuestradores de la verdad y utilizan efemérides como la que se celebra el 3 de mayo para sus estrechos fines.
LA SIP-CIA
Ese y no otro es el resumen de una historia perversa de 124 años que se manifiesta en nuestros días con el agravante de la concentración y monopolización de los medios que tienen su origen en aquel panamericanismo, la eliminación de las regulaciones contra los monopolios y la mentira en complicidad con los intereses imperialistas. Es cada vez más comprobable el alejamiento ético de los grandes medios como expresión similar del sistema que los ha generado y mantenido.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fundada en La Habana en 1943 y refundada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado en Nueva York en 1950, es la que ha determinado, desde entonces, dónde existe o no libertad de prensa.
Es la misma organizadora de campañas feroces contra todo lo que signifique el derecho social, colectivo, además del individual a recibir información veraz, que es la única base legítima de tal concepto.
La maniobra consistió en cambiar los estatutos y, de un voto por país, como existía, darle un voto a cada medio afiliado. De esa manera, Estados Unidos contó con 424. Para ello se impidió la asistencia a esa Conferencia de los pocos delegados progresistas.
En el caso de Cuba, a Carlos Rafael Rodríguez, quien era a la vez Tesorero de la organización, se le impidió llegar a Nueva York y lo confinaron en la prisión de inmigración que tienen en la base de la llamada Estatua de la Libertad.
A otros, como el peruano Genaro Carnero Checa, le negaron la visa por haber pertenecido al Partido Comunista. Así se realizó el secuestro de la SIP y la libertad de prensa que ya dura 63 años.
ACTUALIDAD
Creo conveniente recordar esos hechos porque expresan dónde ha estado la cuestión esencial de una llamada libertad de prensa dominante que rechaza el reconocimiento de la función de los medios como un derecho de la sociedad.
Mientras sea solo la libertad de expresión —derecho individual— mantendrán que la relación emisor-receptor se resuelve en la dirección del que recibe el mensaje y decide cambiar el medio. Es decir, todo queda reducido a la libertad individual de optar por uno u otro órgano de prensa, para seguir leyendo o escuchando lo mismo.
¿No es ese el derecho que han reclamado los medios de prensa en su labor subversiva de promover golpes de Estado en Venezuela? Es la misma historia que ocurrió en Cuba cuando se consideraron con el derecho de ser voceros de las campañas de las agencias de noticias norteamericanas contra los juicios a los criminales de guerra.
Y no es distinta a historias similares en el Chile de Salvador Allende, en la Nicaragua sandinista y hoy contra Evo Morales y Rafael Correa en Bolivia y Ecuador, respectivamente.
De tener que responder al derecho colectivo, del pueblo, estarían sujetos a rendirle cuenta a la sociedad organizada y no podrían disfrutar del derecho a mentir, como han realizado y reclamado históricamente.
El derecho de la sociedad a exigir la información veraz, los obligaría a reconocer que la libertad de prensa, como todas las libertades, está en las constituciones que tienen los estados y que no la compraron con dinero, sino con el heroísmo de sus pueblos.
No debe haber un derecho o principio superior a este, porque no se trata de una libertad surgida en los medios, sino que estos disfrutan de algo que tiene muy distinto origen.
Ello explica las campañas de la SIP contra todos los hechos que he citado, considerándolos ataques a la libertad de prensa.
¿Dónde está la libertad del periodismo y los periodistas cuando tienen como única libertad la de la empresa comercial obtenida con el dinero? Cuando la SIP determina dónde hay o no libertad de prensa, ¿los empresarios que la integran les preguntan su opipinión a los periodistas de sus redacciones? Por supuesto que no.
Pero hay más. Todos los procesos progresistas y revolucionarios que se han hecho realidad han tenido en contra a los principales medios de esos países.
Esa experiencia permite considerar que, sobre todo en los últimos casos, han tenido como aliados a una superior conciencia crítica sobre el nefasto papel que tienen ante los cambios a favor de los intereses populares.
Como nunca se está evidenciando el antagonismo entre los pueblos y los grandes empresarios de la mentira organizada al servicio del imperialismo.
Aunque la CIA–SIP rechace cualquier debate sobre el tema, debemos insistir más en hacer conciencia en relación con el verdadero derecho del que se han apropiado. Y hacerlo principalmente con nuestros colegas de América Latina.
Las bases endebles sobre las que pretende sustentarse la libertad de prensa dominante, deben dar lugar a que celebremos en la fecha del 3 de mayo y todos los días, la libertad del periodismo y los periodistas, que han sabido defender con sus vidas centenares de compañeros latinoamericanos y también de otras regiones.
La nuestra es la única profesión en esos países que realizarla con ética puede costar tanto. Es desde hace tiempo la profesión más peligrosa en Latinoamérica y en esa lista no se incluyen los grandes empresarios.
Los matices en cada país de nuestra región no pueden borrar la cuestión de fondo que se materializa en la guerra mediática contra el conocimiento y la información de los pueblos por parte de los medios transnacionales y de sus cómplices locales.
Aunque crean lo contrario, vivimos tiempos en los que la realidad es factor creciente de influencia y será lo determinante para alcanzar cambios positivos en la sociedad.
Publicado por Granma

Guatemala: un juicio revive su historia de sangre y horror

Vicky Peláez
Vicky Peláez
© Photo Vicky Peláez
13:34 29/04/2013
Columna semanal por Vicky Peláez
Guatemala tiene un río pensativo, y  otro que se tiñó de sangre...Tiene un volcán de agua, otro de fuego y  una montaña de huesos y cadáveres (Luis Alfredo Arango, escritor y poeta guatemalteco, 1936-2001)
Las páginas de la historia moderna de América Central transmiten, sólo  al ojearlas, una sensación de sufrimiento, injusticia, violencia. Huelen a la sangre que derramaron   cientos de miles de hombres, mujeres y niños, víctimas inocentes de la Guerra Fría desatada por los ricos y poderosos del planeta bajo el lema de “preservar la democracia y prevenir la diseminación del comunismo en la región”. Guatemala en este contexto había sido uno de los países más sufridos donde el Estado había cometido los crímenes más aberrantes contra los indígenas mayas durante la guerra civil que duró 36 años (1960-1996) y en especial en los años 1980.
Recién 17 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando el pasado 19 de marzo el tribunal de Alto Riesgo de Guatemala inició el juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad en  contra del exdictador  general Efraín Ríos Montt y el también general José Mauricio Rodríguez, quien fuera el jefe de inteligencia militar G-2 durante el mandato de Ríos Montt entre 1982 y 1983, el país dio un suspiro de alivio, como si se acabara la pesadilla que ha estado aplastando su alma y su conciencia durante todos estos largos años.
A la vez el inicio de este juicio, llamado por muchos como histórico, ha hecho revivir cierta inquietud en el pueblo guatemalteco al hacer despertar su memoria dormida.  Según el estudioso y periodista Andrés Cabanas, la mayoría de la gente que tuvo que convivir durante largo tiempo con la violencia creó su propio mecanismo interno de sobrevivencia: “Las primeras muestras de crueldad conmovieron; las siguientes asustaron; las posteriores paralizaron; a partir de entonces, muchos guatemaltecos impusieron en su subconsciente el olvido como mecanismo de defensa”.
El juicio provocó también una reacción completamente diferente en las elites guatemaltecas y amplios sectores de la población educados en las ideas anticomunistas que percibieron las acusaciones de genocidio contra los dos generales como un “proyecto maquiavélico, progresista globalizado”. Según el periodista guatemalteco Pedro Trujillo, “las falsas historias de genocidio son de fabricación extranjera  o de las personas como Rigoberta Menchú quienes buscan una sentencia condenatoria”. En la percepción de las elites una condena por genocidio alertará otros procesamientos cuyos primeros perjudicados serían propietarios de las fincas en las que se cometieron asesinatos masivos de los indígenas  y empezaría la lucha por la expoliación de tierras. Todo esto estigmatizaría el país por décadas.
Como por magia, toda la derecha guatemalteca y el mismo presidente Otto Pérez Molina  hicieron la causa común con varias organizaciones  militares de veteranos cerrando las filas respecto a lo ocurrido en el país durante la guerra. En seguida promovieron manifestaciones frente a la embajada norteamericana con la consigna “Genocidio es Mentira”. Lo curioso es que este sector ultraconservador de la población considera a los Estados Unidos como el promotor del juicio contra los militares y se siente traicionado por su inspirador y el auspiciador de la limpieza étnica en el país durante la guerra civil. El poder y la presión de los oligarcas, del mismo presidente y  los militares han sido tan fuertes que la jueza de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores resolvió anular el 18 de abril último todo lo actuado en el proceso contra los militares retirados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez que llevaba 20 jornadas de su etapa oral.
También la jueza ordenó regresar el proceso hasta la fase en que se encontraba el 23 de noviembre de 2012 y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad prácticamente ampararon a los dos generales acusados de genocidio. Las protestas de las víctimas que llevan más de 30 años esperando justicia, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y las exhortaciones de las Naciones Unidas de proseguir con el juicio no han sido tomados en cuenta  por el momento  por el poder judicial.
Tal como se están desarrollando los acontecimientos parece que este proceso nunca va a terminar, porque sorpresivamente uno de los testigos del genocidio contra los indios mayas, Hugo Ramiro Leonardo Reyes señaló al actual presidente del país Otto Pérez Molina como coordinador de la “quema y saqueo de la gente indígena para luego ejecutarlos”. Como se supo de las declaraciones del periodista norteamericano del programa de la radio y televisión pública PBS “Democracy Now”, Allan Nairn,  quien fue citado a aparecer en este juicio,  el entrevistó en 1982  junto con varios de sus colegas extranjeros  en destacamento de Quiché a un mayor Otto conocido como comandante “Tito Arias” y anteriormente “Capaitán Fosforito”.  En las imágenes divulgadas se ve al mayor contestando las preguntas mientras que a sus pies yacen los cadáveres de varias personas torturadas y ejecutadas. Resultó que aquel “Comandante  Tito Arias” es el actual presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina. Entonces, seguir con el juicio significa involucrar al presidente quien podría ser el próximo en el banquillo de acusados al terminar su presidencia.
En la misma situación podrían estar muchos de sus miembros del gobierno, partícipes directos e indirectos de las masacres de los años 1980. Para entender la complejidad de este proceso habría que revisar, aunque brevemente, los acontecimientos del aquel período  de la guerra civil que durante los 36 años arrojó 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos de los cuales el 83 por ciento eran indígenas mayas y el 17 por ciento mestizos. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos fueron cometidos por el Estado, de ellos el 85 por ciento por el Ejército y el 18 por ciento por las Patrullas de Autodefensa Civil (PDC) armadas y entrenadas por los militares. El tres por ciento de las violaciones es atribuido a los guerrilleros de la Unidad  Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y la autoría del restante cuatro por ciento no está determinada.
Nadie de los militares, estudiantes y trabajadores  que participaron en la Revolución de 1944, que dio lugar a las primeras elecciones libres en Guatemala e inició programas en beneficio de la clase trabajadora, habían imaginado que diez años después de la “Edad de Oro”, el país entrará en una vorágine de muerte y desolación  que durará hasta 1996 y cuyos residuos se harán sentir 70 años después. El ciclo de la violencia comenzó con un golpe de Estado que derrocó al presidente legítimamente elegido, Jacobo Árbenz Guzmán que se atrevió a perjudicar a los intereses de la dueña del país, the United Fruit Company (UFCO) que con la participación de las elites, la Iglesia Católica,  la Evangélica y la CIA promovió la destitución del presidente en 1954.
Así se inició el proceso de desplazamiento masivo de los indígenas mayas de sus tierras, acompañado por la extrema violencia y el abuso. En respuesta a la injusticia surge en 1960  la guerrilla URNG iniciándose la guerra civil. Su momento más sangriento fue en los años 1980 cuando asumió el poder en los Estados Unidos Ronald Reagan (1981-1989) que lanzó la consigna de “Exterminar” no sólo “la Guerrilla Marxista en América Latina”  sino “erradicar todo el apoyo civil” a los subversivos. Su secretario de Estado, general Alexander Haig despachó con este fin a uno de los hombres poco conocidos pero uno de los más siniestros de la CIA, general Vernon Walters a Guatemala. El enviado de Washington instruyó primeramente al presidente Fernando Romeo Lucas García en los secretos de la Guerra Contrainsurgente en términos del Conflicto de Intensidad Baja (LIC) y posteriormente al general Efraín Ríos Montt que en 1982 dio con la bendición de Vernon Walters  el golpe de Estado, tomando el poder.
Ríos Mont fue percibido por Ronald Reagan como “hombre de gran integridad personal” y “totalmente dedicado a la democracia”. “Fortalecer democracia” significa en términos de la Doctrina Reagan, eficiencia en la erradicación del marxismo, sus partidarios y simpatizantes en el país. Definitivamente el general Ríos Montt era muy “eficiente” pues en 18 meses de su presidencia fueron arrasados 625 pueblos mayas por los miembros de las fuerzas especiales Kaibiles entrenados por los instructores de la CIA, Sayeret Matkal israelí y  la GIGN de Francia. Los Kaibiles son asesinos profesionales cuya consigna es “Si avanzo sígueme, si me detengo aprémiame, si retrocedo mátame”. El mismo general Ríos Montt supervisó personalmente la masacre de 1,771 indígenas mayas Ixil. En los años 1980 también se cometieron actos de genocidio contra los pueblos mayas Achi, ´Qanjobal y Kiche.
En algunos casos los militares no necesitaban el pretexto ideológico para masacrar los pueblos nativos, sino el económico, como sucedió con  la hidroeléctrica de Chixoy construida en el territorio de la comunidad maya Achi de Río Negro. Allí el ejército asesinó a 400 miembros de la comunidad entre hombres, mujeres y niños, para “limpiar el terreno” para la construcción de la hidroeléctrica, cuyo proyecto fue diseñado y financiado por el Banco Mundial (WB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por supuesto los ingenieros alemanes de Lahmeyer International, suizos de Motor Columbus, norteamericanos de International Engineering Co. y los constructores italianos de Gogefar y los suizos de Swissboring no han percibido ningún signo de genocidio y no vieron a ningún muerto. Tampoco los ejecutivos del WB y del BID recibieron algún informe sobre actos de masacre  o tuvieron alguna curiosidad sobre el destino de los habitantes Achis de esta zona.
Así ha estado funcionando siempre el mundo neoliberal globalizado cuyos líderes perciben cada ser humano como un número. Uno más o uno menos y en especial si representa a un indígena no tiene mucha importancia en la realización de macro proyectos tanto físicos como ideológicos. El pueblo guatemalteco lo conoce bien, especialmente el 53.7 por ciento de su población que vive en la pobreza cuyo índice en los pueblos maya llega inclusive al 93 por ciento. En pleno Siglo XXI la expectativa de vida del 12 por ciento de hombres y el 6 por ciento de mujeres es apenas de 30 años, según la estadística del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para 2011-2012 (PNUD).
El índice del analfabetismo es del 69.1 por ciento. El 70 por ciento de la población, que son jóvenes, tiene pocas posibilidades para estudiar y encontrar un trabajo adecuado. Por eso no es de extrañar la expansión del narcotráfico. De acuerdo a la DEA, el 75 por ciento de las 400 toneladas de droga que entran cada año a los Estados Unidos pasan por Guatemala. El 70 por ciento del territorio nacional es controlado por el cartel de  los ZETAS cuyos, sicarios están entrenados por los Kaibiles. Se calcula que solamente en la capital del país, la Ciudad de Guatemala unos 10,000 adolescentes están involucrados en las pandillas o en grupos relacionados con el narcotráfico.
¿Entonces, qué juicio se puede esperar en el país donde el 30.9 por ciento de la población es analfabeta, tres cuartos de su territorio es controlado por el cartel de Los ZETAS, las elites nacionales siguen con el cuento del “peligro marxista”, el mismo presidente es señalado como uno de los violadores a los derechos humanos y donde la “democracia”, de acuerdo a la periodista Petrona Ixcoy, “está asentada en el silencio y la resignación de las grandes masas populares”?
Dijo alguna vez el educador, poeta y escritor guatemalteco, Luis Alfredo Arango que “en Guatemala cada veinte años retrocedemos veinte”. ¿Será cierto?
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI
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