En vísperas de Rio 2012, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo alertan contra “la creciente influencia de grandes corporaciones y grupos de presión empresarial” dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas preocupaciones fueron evidentes en la XIII sesión de la UNCTAD en Doha: países ricos pretenden minimizar las potestades de esa agencia, cuyos informes han criticado consistentemente las políticas de desregulación, liberalización y privatización que benefician al sector privado.
“El preámbulo de la Carta de la ONU se inicia en las palabras ‘Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas…’. Hoy, sin embargo, los intereses corporativos tienen creciente prioridad sobre los intereses de los pueblos en algunos procesos e instituciones de la ONU. Las empresas han ganado enorme influencia sobre sus decisiones”, reza una declaración lanzada esta semana por varias organizaciones internacionales no gubernamentales.
Los firmantes iniciales del texto son Amigos de la Tierra Internacional, The text was initially signed by Friends of the Earth International, Corporate Europe Observatory, La Via Campesina, Jubilee South/Americas, el Servicio Paz y Justicia de América Latina (SERPAJ), el Instituto Polaris, The Council of Canadians, The Transnational Institute, la Red del Tercer Mundo (TWN) y World March of Women. Estas organizaciones pidieron a otras adherer a la declaración, en el entendimiento de que “la ONU es actualmente la institución global más democrática y adecuada para las negociaciones internacionales”.
“La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU logró bloquear soluciones efectivas a problemas relacionados como el cambio climático, la producción de alimentos, la violación de derechos humanos, el abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación”, agrega la declaración, titulada “Acabar con la conquista corporativa de las Naciones Unidas”, que demanda “un mayor fortalecimiento de las instituciones y procesos multilaterales en el marco de la ONU, haciéndolos más democráticos y sensibles a las necesidades de la gente”.
“No es necesario preguntarse quién está a cargo por estos días. Los gobiernos no consultan más a las empresas: las empresas consultan a los gobiernos”, de acuerdo con las organizaciones firmantes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Rio2012) a celebrarse en junio en Brasil “debería aprovecharse como oportunidad para […] terminar con las discutibles alianzas de empresas con la ONU”, con “el acceso privilegiado que se le garantizó al sector corporativo y la consecuente influencia excesiva que se le reconoce en procesos y decisiones multilaterales”, dijeron.
La declaración destaca varias asociaciones que comprometen a agencias de la ONU, entre ellas su Fondo para la Infancia (Unicef), su Programa para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con “grandes compañías internacionales”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se asoció con compañías petroleras y mineras como ExxonMobil, Rio Tinto, Anglo American y Shell, “todas las cuales están involucradas en violaciones de derechos humanos y con la destrucción de biodiversidad”, según el manifiesto.
La declaración cita otros ejemplos, como alianzas entre The Coca Cola Company y el PNUD sobre protección de recursos de agua, y entre la propia Coca Cola, la compañía química BASF y ONU-HABITAT en materia de urbanización sustentable. “Estas asociaciones no solo dañan la credibilidad de la ONU. También socavan su capacidad y voluntad de cuestionar al sector empresarial y de regularlo donde esté involucrado en violaciones a los derechos sociales, ambientales y humanos”, advierte el texto.
El Pacto Mundial, definida en su página web como “plataforma global que reúne a empresas con agencias de la ONU, con trabajadores y con la sociedad civil”, les permite, según la declaración, a “notables violadores de los derechos humanos participar” en organizaciones multilaterales y les ayuda “a mejorar su imagen, en lugar de promover obligaciones que contribuyan a cambiar el comportamiento de esas compañías”.
Esta alianza, más conocida por su nombre en inglés UN Global Compact, “da la falsa impresión de que la ONU y las compañías transnacionales comparten los mismos objetivos”, advirtieron las organizaciones firmantes.
En el camino hacia Rio 2012, la asociación de la ONU con la Cámara Internacional del Comercio y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable facilitó la presión corporativa que derivó en un borrador de declaración final para la conferencia en Brasil que “refuerza el rol de las empresas como promotoras de la denominada economía verde”, pero que no “atiende el papel de las empresas en el surgimiento de las crisis financiera climática y alimentaria, entre otras”.
La declaración de la sociedad civil reclama a la ONU y a los países que la integran “resistirse a la presión corporativa para dar a las empresas una posición privilegiada en negociaciones” multilaterales y “dejar de crear nuevos cuerpos de discusión y grupos de alto nivel (y disolver los ya existentes)” que facilitan esa poderosa participación. También recomienda que “los representantes de empresas no sean parte de delegaciones nacionales” en deliberaciones de la ONU.
“La ONU debe revelar todas sus relaciones y vínculos existentes con el sector privado” y debe promover “un código de conducta” para sus funcionarios que incluya un “periodo ‘de enfriamiento’” durante el cual los que se retiran no podrán trabajar para empresas que ejercen presión en los foros internacionales, añade el texto.
El sistema de las Naciones Unidas también deberá estudiar, según las organizaciones de la sociedad civil, “los impactos de las corporaciones sobre los pueblos y el ambiente, y establecer un marco obligatorio en el cual las empresas puedan ser llamadas a responsabilidad de acuerdo con las leyes de derechos humanos y laborales y sobre asuntos ambientales”.
Mientras se conocía la declaración, transcurría esta semana en Doha, Qatar, la sesión 13 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD XIII). Allí, un grupo de economías del Norte rico compuesto por la Unión Europea, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Lichtenstein, Nueva Zelanda y Suiza procuraron que esa agencia de la ONU aliente a los países en desarrollo a adoptar políticas comerciales y de protección de inversiones de acuerdo con los intereses corporativos del mundo industrializado, informó la Red del Tercer Mundo (TWN).
Organizaciones de la sociedad civil que participan en las reuniones de Doha llamaron a la remoción de las limitaciones del espacio político de los países en desarrollo determinadas por acuerdos de inversión y de libre comercio, así como por condiciones que imponen donantes e instituciones financieras internacionales.
La UNCTAD fue creada para aportar análisis y asesoramiento a gobiernos en materia de desarrollo vinculado con el comercio, las finanzas y la tecnología, entre otras cuestiones. Los análisis producidos por la agencia han identificado consistentemente, a lo largo de los años, la liberalización y desregulación de mercados y sistemas financieros como factores perjudiciales a los que luego atribuyeron la actual crisis económica.
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